Durante los últimos meses, cada vez con más frecuencia se escucha hablar de la mediación. Los factores que han ayudado a este impulso han sido la labor legislativa que regula la mediación civil-mercantil en España y la grave crisis económica que acecha al país y por ende a las instituciones públicas entre las que se encuentra la Administración de Justicia.
Sin duda, ante estos acontecimientos emerge un nuevo servicio, el de mediación, lo que supone también por extensión una salida profesional a tantos colectivos que lamentablemente hoy en día están sufriendo los atropellos de esta situación económica (abogados, psicólogos, economistas, trabajadores sociales, educadores sociales, graduados sociales, procuradores entre otros).
A todo lo anterior, la entrada en vigor de la Ley de tasas judiciales hoy mismo-circunstancia que como ciudadana lamento profundamente por la restricción que la misma va a suponer respecto del acceso a la Justicia de todos los ciudadanos y especialmente a los que disponen de menos recursos económicos- va a generar un aumento de los casos que van a asistir a la Mediación. Esto sin duda, genera un mercado que va a necesitar de profesionales bien formados, muy cualificados y que ofrezcan un servicio profesional de gran calidad.
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